La formulación y ejecución de la política criminal debe entenderse como una cuestión de estado, por lo que su tratamiento y análisis corresponden al mas alto nivel de decisión de las políticas publicas. Es responsabilidad del gobierno nacional comprometer e integrar a todas las áreas gubernamentales, a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todos lo sectores de la comunidad para participar activamente en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia y del delito.
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